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El Ministerio de Hacienda de Colombia ha planteado una serie de interrogantes sobre el proyecto de ley que busca la esterilización gratuita de perros y gatos en el país. La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Quinta del Senado, ha generado dudas en la cartera económica sobre su financiación y la capacidad de las entidades territoriales para llevarla a cabo.
Interrogantes sobre la financiación del proyecto
El Ministerio de Hacienda ha cuestionado la viabilidad financiera del proyecto, que estima un costo de 60.000 pesos por cada esterilización. Según la cartera, no se ha especificado de dónde saldrán los recursos para cubrir estos gastos, lo que podría generar un impacto fiscal considerable.
Además, el Ministerio ha señalado que el proyecto no contempla la creación de un fondo específico para su financiación, lo que podría dificultar su implementación.
Capacidad de las entidades territoriales
Otra de las preocupaciones del Ministerio de Hacienda es la capacidad de las entidades territoriales para llevar a cabo la esterilización de perros y gatos. Según la cartera, muchas de estas entidades no cuentan con la infraestructura ni el personal necesario para realizar estas intervenciones.
Además, el Ministerio ha señalado que el proyecto no establece un mecanismo de seguimiento y control para garantizar que las esterilizaciones se realicen de manera efectiva.
Respuesta de los promotores del proyecto
Ante las dudas planteadas por el Ministerio de Hacienda, los promotores del proyecto han defendido su viabilidad. Según ellos, la esterilización de perros y gatos es una medida necesaria para controlar la sobrepoblación de estos animales y prevenir problemas de salud pública.
Además, han señalado que el costo de la esterilización es menor al de las campañas de vacunación y atención veterinaria que se deben realizar ante la proliferación de animales en situación de calle.
Finalmente, han afirmado que el proyecto contempla la realización de convenios con organizaciones no gubernamentales y entidades privadas para su financiación, lo que podría aliviar el impacto fiscal que preocupa al Ministerio de Hacienda.
